Tensiones entre Congreso de Perú y el gobierno de Pedro Castillo se incrementan

NotiPress

Las tensiones entre el Poder Legislativo y Ejecutivo en Perú continúan aumentando día a día. En los últimos meses el Congreso peruano le ha negado al presidente Pedro Castillo que salga del país y recientemente interpuso una demanda en contra del mandatario.

Será el Tribunal Constitucional (TC), quien determinará si existe una amenaza para el Ejecutivo por parte del parlamento. El TC tendrá que decidir si el cambio de gabinete ministerial fue por censura, pues si lo fue se dará un primer paso para hacer un cierre constitucional del Congreso.

El Pleno del Congreso de Perú autorizó al presidente del legislativo, José Williams Zapata, interponer una demanda competencial y una medida cautelar contra Castillo. La demanda se da por una cuestión de confianza en contravención de la Constitución de Perú, así como de otras leyes, menoscabando las competencias del parlamento.

De acuerdo con Williams Zapata, la decisión se dio como un mensaje en conjunto del parlamento. Recientemente, el Ejecutivo manifestó su pretensión de interpretar las decisiones que adopte el Congreso del país.

En el debate, los congresistas Maricarmen Alva, Alejandro Muñante y Carlos Anderson advirtieron que la intención de Castillo es cerrar el Congreso e instaurar una dictadura. Por su parte, el congresista José Balcázar consideró prematura la presentación de la demanda competencial.

Sin embargo, no es la primera vez que los congresistas muestran su enemistad con el presidente. En agosto de 2022 el Pleno rechazó autorizar la salida de Castillo de Perú para estar presente en la ceremonia de transmisión de mando presidencial en Colombia, pues consideraban que “el peligro de fuga se vuelve cada vez más real”. Asimismo, en noviembre de 2022 se volvió a rechazar su petición de salir del país para visitar México y poder recibir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

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Una reciente encuesta demostró que la aceptación popular del mandatario llega a 31 por ciento y la del Parlamento a 10%, por su parte el 86% pide que todos se vayan.