El Presidente Nayib Bukele anunció que iniciará la Guerra contra la Corrupción, para eliminar uno de los problemas endémicos que ha enfrentado El Salvador.
“Tenemos otro problema de origen, endémico, que siempre ha existido y que, al igual que las pandillas, tiene tentáculos en todo el Estado: la corrupción”, dijo el Presidente Bukele.
“Hoy declaramos la Guerra contra la Corrupción”, afirmó el Presidente Bukele, durante la conmemoración de su cuarto año al frente de la nación.
Esto implica que cualquier persona que se aproveche de su posición en el sector público, o en el sector privado, para utilizar los recursos públicos en beneficio personal o de sus allegados, tendrá que pagar su crimen y resarcir el daño.
“Haremos que devuelvan lo robado”, sostuvo el mandatario. Además de eso, el plan es construir una cárcel específica para estos delincuentes.
De hecho, al momento en que el jefe de Estado dio el anuncio, esta nueva misión contra los criminales del patrimonio ya se estaba ejecutando. El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, había comenzado a extinguir los bienes del primer presidente que gobernó bajo la bandera de ARENA, Alfredo Cristiani. Dicha operación indica que la FGR ya cuenta con los indicios necesarios para armar un caso y que lo diriman en los tribunales.
“El fiscal general se encuentra allanando y extinguiendo el dominio de todas las propiedades de Alfredo Cristiani”, afirmó el Presidente Bukele. Esto incluye la mansión en la colonia de Santa Elena, una propiedad en el Lago de Coatepeque, la droguería Santa Lucía y otros, que ahora, pasarán a estar al servicio del pueblo.
La corrupción frena el desarrollo de los países y limita las aspiraciones de sus habitantes. Por eso, el Estado actuará con la misma determinación que hizo contra las pandillas: en todo el territorio, a todo nivel.
“El Salvador no volverá a ser la finca de nadie”, subrayó el Presidente Bukele.
La actual Asamblea Legislativa, del período 2021-2024, promovió una ley que permite investigar, procesar y sancionar cualquier acto de corrupción, sin importar en qué fecha fue perpetrado. Esto significa que dicho delito es imprescriptible.