Al haberle retirado la inmunidad constitucional, el parlamentario de Cuscatlán, quien estuvo en el cargo durante 23 años, deberá enfrentar la justicia por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos que le atribuye la Fiscalía.
Con 78 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa le eliminaron el fuero constitucional al diputado de ARENA Alberto Romero. Ahora, deberá enfrentar un proceso penal por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que le imputa la Fiscalía General.
Este proceso inició luego de que, el pasado 23 de agosto, en la sesión plenaria 120, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, solicitara a este órgano de Estado que se le retirara la inmunidad al legislador para poderlo procesar penalmente.
“Una vez más, se ha hecho justicia en esta plenaria”, expresó el Presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien además dirigió la Comisión Especial de Antejuicio contra de Romero.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria extraordinaria número nueve, el parlamentario oriundo de Cojutepeque, Cuscatlán, tiene distribuidos en cuatro cuentas bancarias un total de $1,162,388.05. Además, existen otras 28 cuentas que tendrán que ser investigadas por las autoridades pertinentes. Es por eso que la FGR le imputa los referidos delitos.
Al haberle quitado el fuero, el integrante del partido ARENA fue suspendido de su cargo como legislador, el cual ocupó durante 23 años, de acuerdo a los registros.
El Código Procesal Penal, en su artículo 333, establece que “el funcionario, autoridad pública o empleado público, que con ocasión del cargo o de sus funciones obtuviere incremento patrimonial no justificado, será sancionado con prisión de tres a diez años”.
Así mismo, la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, en su artículo 4, determina que se entenderá por lavado de dinero y de activos, cualquier operación, transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera del país.
Por su parte, la diputada Marcela Pineda, quien también funció como fiscal, manifestó: “esta Asamblea Legislativa no es la casa de Beto Romero, tampoco es la casa de corruptos. Esta es la casa del pueblo y en esta casa las ratas y las plagas se sacan”.
“Años anteriores no existió una Asamblea Legislativa con notoria honradez ni probidad, por ello los salvadoreños pidieron un cambio. En la administración del presidente Ernesto Castro todo esto cambió, se está eliminado la corrupción. Salvadoreños, hagan patria, ya no sigan eligiendo corruptos”, mencionó la diputada Alexia Rivas.
Las investigaciones fiscales
Una investigación realizada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia determinó que hubo varias irregularidades en el patrimonio del diputado, quien no pudo justificar el origen de $445,766.05. El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo encontró responsable de enriquecimiento ilícito a Romero y ordenó que le retribuyera al Estado dicha cantidad.
Esto sirvió para que la FGR ahondara en las investigaciones de los periodos entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2022, tiempo en el que Romero se ha desempeñado como diputado propietario por el departamento de Cuscatlán. Los hallazgos revelaron que el funcionario no ha podido justificar $1,162,388.05, por eso las autoridades le atribuyen los delitos de enriquecimiento y lavado de dinero.
El defensor del parlamentario del tricolor, Ernesto Alfredo Parada, aseguró ante el pleno que Romero es inocente, debido a que la sentencia condenatoria no es firme.
“Nunca imaginé estar aquí al frente defendiendo a un inocente (Alberto Romero). Estoy defendiendo a Alberto, a quien yo considero mi amigo, pero de lo que se le acusa no es un proceso firme, más bien es una sentencia sin firmeza porque falta la apelación y pruebas”, dijo Parada.
Familiares abandonaron a Romero
La tarde del 23 de agosto, el miembro del partido tricolor fue retenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), horas después de que abandonara el recinto legislativo durante el desarrollo de la plenaria número 120.
Ese mismo día, luego de que la Fiscalía solicitara a los parlamentarios que le retiraran el fuero constitucional a Romero, Ana Lourdes de Romero y Lourdes Gabriela Romero de Marroquín, esposa e hija respectivamente, abandonaron el país, vía terrestre, rumbo a Guatemala.
En la Comisión Especial de Antejuicio, los diputados fiscales citaron a las dos familiares del señalado y a la exasesora de la Asamblea Legislativa María de Jesús Guardado, quien fungió en el cargo hasta el 30 de abril de 2021. Al igual que las familiares de Romero, ella abandonó El Salvador; lo hizo el 24 agosto de 2023 y su destino fue Estados Unidos, según los registros de Migración y Extranjería.
Otros de los convocados fueron el excolaborador administrativo de este Órgano de Estado, Ricardo Gutiérrez Romero (quien reside en Estados Unidos desde el 22 de abril de 2021); al exordenanza de la institución, David Fernando Vaquerano, quien trabajó hasta el 1 de febrero de 2018 (habita en Estados Unidos desde el 6 de febrero de 2018).
La asistente de la fracción de ARENA Ana María Gertrudis Ortiz de Lemus también fue citada y fue la única que comparecería ante la comisión.
El diputado más viajero
“Esta Asamblea Legislativa le dio a Beto Romero 94 viajes, desde Tailandia hasta Italia, y el pueblo salvadoreño le dará su viaje número 95, pero en esta ocasión será hacia los tribunales”, puntualizó Marcela Pineda.