La Asamblea Legislativa avaló la creación, conversión y supresión de sedes judiciales para redistribuir la carga laboral en diferentes juzgados del país para garantizar un sistema de justicia efectivo.
Con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de los juzgados, la Asamblea Legislativa reformó, con 62 votos, la Ley Orgánica para la creación, conversión, y supresión de sedes judiciales en los municipios de Atiquizaya, Tejutla, San Sebastián y San Francisco Gotera.
Las enmiendas se realizaron a solicitud de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y para garantizar un sistema efectivo que contribuya al fortalecimiento del Estado de derecho.
“El objetivo de estas disposiciones es redistribuir los recursos con los que ya cuenta el Órgano Judicial y así generar un ahorro para el Estado”, explicó la diputada Evelyn Merlos.
Las reformas incluyen la creación del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San Francisco Gotera, que tendrá las competencias para conocer procesos y diligencias laborales y los regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil.
Mientras que el Juzgado de Primera Instancia de Tejutla se convertirá en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Chalatenango con residencia en la ciudad de Tejutla y el Juzgado Segundo de Paz de del mismo municipio se convertiría en el Juzgado de Instrucción con la competencia para conocer de los procesos y diligencias que le remitan los Juzgados de Paz de los municipios de Tejutla, La Palma, Nueva Concepción, San lgnacio, Agua Caliente, La Reina, Citalá y El Paraíso.
Asimismo, el Juzgado Segundo de Paz de Atiquizaya pasará a ser el Juzgado Segundo de Instrucción de Ahuachapán y el Juzgado Primero de Paz de Atiquizaya cambiaría su nominación a Juzgado de Paz de Atiquizaya.
Otra enmienda contempla la conversión del Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San Vicente y la supresión del Juzgado Segundo de Paz de San Sebastián.
La legisladora Merlos aclaró que ninguno de los empleados de los juzgados perderá su trabajo debido a estas modificaciones.
“Los jueces y personal de los juzgados convertidos y suprimidos mantendrán su plaza y salarios. Gozarán de todas las prestaciones que poseen como empleados del Órgano Judicial, ya que serán reubicados en tribunales de la misma localidad”, sostuvo la parlamentaria.