Al menos tres escenarios pueden suceder tras la interpelación del ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, por las horas de militarización de la Asamblea Legislativa el domingo 9 de febrero de 2020, hecho conocido como el 9-F.
El 28 de julio pasado, el pleno legislativo avaló la reprogramación de la interpelación para este viernes 21 de agosto a las 9:00 de mañana, porque no pudo realizarla el 21 de marzo a causa de la pandemia de coronavirus.
El diputado y general en situación de retiro Mauricio Vargas, del partido de Arena, explicó que tras la interpelación puede ocurrir que el pleno legislativo no recomiende la destitución de Merino Monroy, aunque cree que “esta decisión difícilmente” será adoptada por la Asamblea Legislativa.
El segundo escenario es que el pleno sí recomiende la destitución, sin embargo, planteó que constitucionalmente no sería vinculante, es decir, el Presidente de la República no está obligado a acatar el recomendable.
Según el artículo 131 de la Constitución de la República, la recomendación para la destitución solo “será vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad pública o de inteligencia del Estado por causa de graves violaciones de los derechos humanos”.