Con 56 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron la Ley General de Electricidad para asegurar que los usuarios finales, que son abastecidos por generadores o comercializadores de energía eléctrica, no paguen tarifas superiores a las aprobadas a las empresas distribuidoras.
Al inicio de este nuevo quinquenio, el Presidente de la República, Nayib Bukele, afirmó que una de sus prioridades es ejecutar un plan para rescatar economía y salvaguardar el bolsillo de las familias salvadoreñas.
Es por eso que con estas enmiendas, según se expuso en la sesión plenaria número 11, se evitará que los comercializadores encarezcan el precio de la energía y se trasladen los costos a los usuarios finales, por lo que no cobrarán más de las tarifas autorizadas por el Estado.
La Ley General de Electricidad fue aprobada en 1996 y fue en 2021 que la nueva Asamblea Legislativa aprobó la creación de la Dirección General de energía e Hidrocarburos y Minas, institución que tiene como facultades formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas que rigen cada una de las etapas de la distribución energética: Generación, transmisión, distribución y comercialización.
Las razones de las modificaciones a la normativa
Las enmiendas a la normativa contemplan cuatro ejes:
Mayor transparencia y eficiencia
Esta reforma busca asegurar las tarifas cobradas a los usuarios finales cuando estas correspondan a los costos de empresas eficientes evitando sobreprecios.
Además, habrá una coordinación clara y regulada, por lo que la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, junto con la Unidad de Transacciones de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), promoverán una gestión transparente y eficiente en el sector eléctrico.
La protección al consumidor
Es primordial asegurar que los usuarios finales no paguen alguna tarifa que no esté autorizada por parte del Estado salvadoreño y es así como se garantizan los precios justos.
Mejor gestión de recursos
Las modificaciones a la normativa permitirán un uso más adecuado de los recursos públicos y privados para la generación y distribución de energía eléctrica, asegurando así una infraestructura mucho más sostenible y eficiente.
Resiliencia y seguridad energética
El país ha estado en momentos de crisis, por fenómenos climáticos o de afectaciones en la salud como la generada por el COVID-19, pero pese a esto nunca se ha generado una interrupción en el servicio del suministro eléctrico. Así que esta reforma ayudará a prevenir este tipo de situaciones.