La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Propiedad Intelectual para resguardar las ideas de los pequeños negocios y de la población en general, con el propósito de incentivar el desarrollo económico y la creatividad de los salvadoreños.
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la Ley de Propiedad Intelectual, una normativa que busca proteger los derechos de propiedad intelectual, es decir, aquellos relacionados a las creaciones de la mente.
La normativa garantizará la protección de la innovación y la creatividad, también facilitará la difusión de información, conocimiento, tecnología, cultura y artes. Además, priorizará el beneficio directo de las pequeñas y medianas empresas, creativos, innovadores y la población salvadoreña.
Durante el estudio de la propuesta en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, expuso la necesidad de actualizar la normativa, ya que la actual data de hace más de 30 años.
La nueva ley dará paso a la creación del Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual (ISPI), el cual estará a cargo del CNR y brindará servicios simplificados, digitalizados y automatizados, para hacer las inscripciones de las obras de manera electrónica y ya no solo presencial.
La nueva regulación no solo protegerá los derechos de propiedad intelectual de las personas, sino que además promoverá el desarrollo económico e impulsará la creatividad y la innovación dentro del país.
La diputada Ana Figueroa explicó que esta normativa va en sintonía con la dirección fijada por el presidente Nayib Bukele sobre la modernización de los servicios del Estado.
“El objetivo es reducir la tramitología y facilitar los procesos de registros. Esta ley será una herramienta adicional para mejorar aún más los registros de sus empresas, de sus patentes, de sus investigaciones, de sus invenciones”, sostuvo la parlamentaria.
Figueroa expuso que, actualmente, los procesos de registros de propiedad intelectual se realizan acudiendo hasta a siete instituciones de Gobierno para que las personas puedan obtener sus permisos en un periodo de siete meses o un año.
“Con la nueva normativa la tramitología se reducirá a dos interacciones, a un menor costo y los registros estarían listos en menos de dos meses”, expresó.
Además, la legisladora enfatizó en que la nueva normativa unifica el resto de leyes relacionadas a la propiedad intelectual como la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Marcas y Otros Distintivos y el Tratado de Derechos de Marca. Ella agregó que la ley incluye a sectores que fueron olvidados en administraciones pasadas como las medianas y pequeñas empresas, estudiantes y la diáspora.
Otro beneficio, según Figueroa, es que los salvadoreños podrán hacer los registros de marcas y patentes de forma electrónica desde cualquier parte del mundo.
Tipos de obras sujetas a protección
La normativa aprobada protegerá las obras provenientes del intelecto humano, tales como obras literarias, programas de ordenador, obras musicales con o sin letra, de oratorias y dramáticas o dramático-musicales. Además, se incluyen obras coreográficas, obras cinematográficas, de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado y litografía. Asimismo, se protegerán obras gráficas y tipográficas, obras fotográficas y las realizadas con técnicas análogas a la fotografía, obras de artes aplicadas, ilustraciones, mapas geográficos, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura y las ciencias.
Exenciones y reducción en el costo de trámites
Gracias a la implementación de esta normativa, habrá una reducción de costos de trámites de hasta un 50 % para el sector cultura y artes, comunidad educativa y para el sector privado (PYMES acreditadas por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa).
“Una de las facilidades que se les da es la exoneración del 50 % del costo de los registros. Esto se denomina justicia para el de a pie y es el enfoque de la administración del presidente Bukele”, señaló Figueroa.
Por otro lado, la ley eximirá de pago a los proyectos especiales, a instituciones de todos los niveles de educación formal reguladas por la Ley General de Educación en presentación de solicitud, publicación, derechos de registro de signos distintivos, patentes y derecho de autor, así como el Estado y las municipalidades.