La Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL), que aglutina organizaciones sindicales del sector público, privado, municipal e independiente, además de otros sectores de la sociedad civil interesados en la defensa de los derechos laborales, expresaron que los niveles de desempleo en el país son alarmantes.
El 2021 inició con 79 mil empleos menos que impactaron negativamente a muchas familias. A lo anterior, se suman las condiciones en las que se realiza el trabajo por cuenta propia, sin acceso a seguridad social y previsional. El 70%2 de la población en edad de trabajar recure al sector informal de la economía para obtener sus ingresos.
Este problema ha aumentado en los últimos años y no puede continuar sin que las autoridades brinden alternativas al respecto para mejorar la economía familiar de los salvadoreños. El pasado 28 de febrero, El Salvador realizó el ejercicio democrático de elegir diputadas/os y concejos municipales para que representen los intereses de la población, los cuales tomarán posesión este 1° de mayo y tendrán una duración de 3 años, por lo que se espera que cumplan con el mandato Constitucional conferido, legislación laboral con énfasis en la libertad sindical, el cual se ha visto en constante ataque de parte de los grandes empresarios y el gobierno de turno.
Sobre la Estabilidad Laboral: no pueden seguir los despidos de las personas trabajadoras tanto del sector público y privado, bajo un parámetro personal o subjetivo de parte de los empresarios o funcionariado del gobierno central o municipal; es grave decir que hasta el momento se han despedido más de 8 mil personas empleadas del sector público; es decir, condenar a 8 mil familias
La Honorable Sala de lo Constitucional ya se ha pronunciado más de una vez, dándole la razón a los trabajadores y trabajadoras, exigiendo a los empleadores que se abstengan de transgredir el artículo 219 de la Cn. el cual otorga el derecho fundamental de la Estabilidad Laboral; además, en reiteradas ocasiones les ha exhortado a los empleadores públicos que eviten maniobras y argucias de estar firmando contratos individuales de trabajo a plazo, ya que, si las labores son carácter permanente, tiene la obligación de hacer el correspondiente nombramiento u acto administrativo y brindar los derechos de la Carrera Administrativa.
Sobre las pensiones: es un problema que se acarrea desde 1998 y simplemente se le ha estado dando soluciones a medias, que en nada beneficia a los trabajadores/as; por el contrario, han sido perjudicados; los fondos de pensiones pertenecen a la clase trabajadora en su conjunto y es esta quien debe decidir sobre él. ¡Basta ya al negocio de las AFP´s y de manosear el dinero que únicamente debe servir para la seguridad social! ; los trabajadores y trabajadoras exigimos la creación de un Instituto Autónomo de Previsión Social, partiendo de los principios de: universalidad, solidaridad, igualdad, libertad, transparencia, eficiencia y eficacia.
De igual forma, que incluya a la población trabajadora por cuenta propia. Sobre el salario mínimo: todos los precios de los productos y servicios que deben consumir las personas trabajadoras tienen una tendencia al alza, sin embargo, el salario se ha estancado desde hace más de 3 años, dejando de lado el mandato constitucional donde manifiesta que el salario debe estar en correspondencia al costo de la vida; cuando la canasta básica ronda los $400.824 en contraste al salario mínimo actual de $304.00 (comercio y servicios) y $200.00 (beneficio del algodón). Es necesario retomar la discusión del salario mínimo en el Concejo Nacional del Salario Mínimo, e inmediatamente aumentarlo en razón del costo de la vida.