El Gobierno del Presidente Nayib Bukele tiene por objetivo el velar por los derechos del consumidor en cada rubro y garantizar la seguridad jurídica. Sobre todo, en el rubro de vivienda.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, destacó la importancia de las reformas a la Ley de Protección al consumidor, las cuales darán más herramientas a la autónoma para frenar prácticas abusivas por parte de los proveedores o empresas inmobiliarias al hacer desalojos arbitrarios.
El funcionario se refirió a su visita realizada el pasado jueves a la Comisión de Economía y Legislación de la Asamblea Legislativa, donde expuso que algunos proveedores de servicios inmobiliarios amenazan con desalojar de sus viviendas a quienes presentan moras en sus pagos. Esto, sin orden judicial y en ocasiones hacen uso de la violencia.
Además, brindó detalles sobre las denuncias atendidas. “En el caso del sector inmobiliario hemos brindado más de 5,000 atenciones por diferentes motivos. Estas se han traducido en más de 628 denuncias que hemos tramitado y hemos cerrado 584 de ellas”. La propuesta de enmienda a los artículos 18 y 99 de la Ley de Protección al Consumidor tiene el fin de ampliar el marco de protección en materia inmobiliaria y recibió un dictamen favorable por parte de los legisladores.
Ambos artículos se refieren al derecho a la vivienda, proteger a los inquilinos de no recibir amenazas de expulsión o abandono viviendas, inmuebles, lotificaciones y parcelaciones para uso habitacional, a causa de retraso o mora en el pago de cuotas o de intereses vencidos, mientras no se hayan agotado los mecanismos de resolución alterna de conflictos, ya sean en la vía administrativa en la Defensoría o por la vía judicial ante un tribunal.
“Se impondrán multas de hasta 500 salarios mínimos a quienes amenacen o desarrollen acciones de desalojo de forma arbitraria”, sostuvo el titular de la autónoma, basándose en la reforma al artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor.