La Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo realizó una denuncia penal en contra de la coordinadora de la Comisión Nacional de Control del Tabaco del Ministerio de Salud (MINSA), Reina Roa, por la “omisión y falta de acciones” ante la comercialización de cigarrillos ilegales en Panamá.
Y es que el año pasado, la misma asociación denunció que por el área de Calidonia se vendían paquetes de cigarrillos sin las advertencias sanitarias ni pictogramas establecidos por las resoluciones publicadas por el MINSA, de conformidad a la Ley 13 de 2008 y el Decreto Ejecutivo 230 de 2008.
En ese sentido, la denuncia presentada a finales de febrero contra Reina Roa tiene como base el delito tipificado en el artículo 356 del Código Penal de Panamá que establece que: “El servidor público que, ilegalmente, rehúse, omita o retarde algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana”.
El presidente de la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, Hitler Cigarruista explicó que pese a que el pasado 2 de diciembre de 2022 -fecha en que se presentó la primera denuncia- se le envió a la coordinadora Roa para que tuviera conocimiento de la acción presentada y quien a la fecha se desconoce qué sanción se ejecutó para frenar los hechos denunciados.
La denuncia también hace alusión al artículo 83 del Código Penal que establece que: “tienen obligación de denunciar acerca de los delitos de acción pública que, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión o en ocasión de estas, lleguen a su conocimiento: Los funcionarios públicos, en los hechos que conozcan en ejercicio de sus funciones […]”.
La Comisión Nacional de Control del Tabaco que dirige Roa tiene como función principal el promover y enfatizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, normas, protocolos y acuerdos relativos al control de tabaco.
Según, el presidente de la asociación, Cigarruista, la funcionaria no cumplió con esta obligación legal, y por ello, emitieron la denuncia.
Importante mencionar que nueve de cada diez cigarrillos comercializados en Panamá provienen del contrabando. A este escandaloso dato se suma que el comercio ilegal de cigarrillos que atraviesa sus fronteras cada año asciende a 8.000 millones de atados, llegando a destinos como Colombia, Ecuador y México y países de la región centroamericana como El Salvador.
Así parte de las estrategias para reducir el daño del contrabando debe estar enfocado en el esfuerzo articulado del sector público y privado, a nivel nacional e internacional, con el fin de brindar mejores productos a los consumidores y proteger la recaudación fiscal.
Es necesario recordar que, en El Salvador, la circulación de cigarrillos ilegales representó un 38% de total de cigarrillos que se consumieron en el país en 2022, así como lo reveló la última investigación realizada por la firma Total Research Network S.A.
Bajo la metodología de recolección de paquetes de cigarrillos encontrados en las diferentes calles y lugares de alto tráfico en El Salvador, se determinó la presencia de marcas ilegales, como Modern, Marvel, Richman Royal y THIS.
De acuerdo con la investigación, en el occidente del país, el comercio ilícito de cigarrillos creció en el 2022 un 20% con respecto al año anterior. Esto significa que estas localidades se venden más cigarrillos ilegales (56%) que los que cuentan con permisos sanitarios y están debidamente registrados.
La marca que lidera el mercado ilegal de cigarrillos es Modern, acapara el 24.3% del total de cigarrillos que se consumieron en el 2022. Marvel y Richman Royal representan el 3.4% de total cada una. Por último, la marca THIS empieza a reflejar un patrón de crecimiento pasando de 0.3% en 2021 a 1.5% para 2022.
Según las autoridades salvadoreñas, uno de los rubros atacados con el Plan Anticontrabando fue el comercio ilícito de cigarrillos, que hasta febrero de 2023 se han incautado 6.5 millones de ese producto, destruyendo más de 22 kilogramos, equivalentes a 5.4 millones de dólares.
El esfuerzo articulado del sector público y privado, a nivel nacional e internacional, permitirá reducir el daño del contrabando, brindar mejores productos a los consumidores y proteger la recaudación fiscal.