Para esta elección de segundo grado, los integrantes de la Comisión Política realizaron cinco jornadas de entrevistas en las que conocieron los perfiles de 33 profesionales interesados en ocupar el cargo los próximos tres años.
Diputados de la Asamblea Legislativa eligieron, con 66 votos, a Roxana Seledonia Soriano de Viaud como magistrada presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), luego de que las diferentes fracciones políticas presentaran sus ternas para ser discutidas en el pleno.
En la sesión plenaria número 120 también fue electo Julio Guillermo Bendek Panameño y José Rodrigo Flores Ramos como primer y segundo magistrado respectivamente. En los próximos tres años, estos profesionales estarán al frente del ente encargado de fiscalizar el uso de los fondos públicos.
“Se ha cumplido con todo lo que la ley dictamina. Hoy elegimos a nuevos magistrados de esta Corte de Cuentas, institución que ha estado manchada por la corrupción, la guerra contra la corrupción es algo que tenemos que tomar en serio, porque por culpa de eso hemos quedado sin escuelas y sin hospitales”, aseguró el presidente de este órgano de Estado, Ernesto Castro, quien destacó que se le deposita la confianza en ellos en aras de que no deben fallarle a la población.
El funcionario agregó que los magistrados “deben de tener claro que hoy no se deben maquillar las cifras, se necesitan cambios profundos para convertir a la Corte de Cuentas en algo digno, como siempre debió ser. Hay muchos corruptos que han trabajado ahí y que nunca hicieron su trabajo de manera honesta y eso es lo que tiene que cambiar”.
Para esta elección de segundo grado, los integrantes de la Comisión Política realizaron cinco jornadas de entrevistas en las que se conocieron los perfiles de 33 profesionales interesados en ocupar el cargo los próximos tres años.
“En la Comisión Política se dividieron las entrevistas y fueron cinco jornadas. El interés es que no solo los diputados conociéramos a los aspirantes, sino que también la población salvadoreña, los recibimos a cada uno”, dijo el Presidente Castro. “Como la ley lo dice, 60 días antes de que se venza el plazo, como Asamblea Legislativa abrimos la convocatoria para que los abogados que cumplían con sus requisitos participaran para este proceso”, añadió.
Cada una de las entrevistas realizadas por los parlamentarios fue pública, con lo que nuevamente se garantizó un proceso de elección transparente de cara a la población y a los medios de comunicación.
“Este ha sido un proceso transparente y el que creyó que cumplía con el perfil solicitado se inscribió, nadie ha tomado de la mano a alguno de los que se postularon para hacerlo sino que confiaron en este proceso con esta nueva Asamblea Legislativa”, explicó el parlamentario Jorge Castro.
En total se recibieron los atestados de 34 profesionales, sin embargo uno de ellos declinó de continuar con el proceso. Al final se postularon 20 hombres y 13 mujeres.
La CCR es la institución encargada de fiscalizar el uso de los fondos públicos en general y de la ejecución del Presupuesto en particular. Sin embargo, en el pasado, esta institución careció de independencia y siempre estuvo involucrada en casos de corrupción, por ello la población tenía una mala percepción de ella.
Los nuevos funcionarios estarán al frente de la entidad durante tres años, a partir del próximo 28 de agosto, un día después de que venza el periodo para el que fueron elegidos los actuales magistrados.
Atribuciones del ente contralor
El artículo 195 de la Constitución de la República establece que entre las funciones de la Corte de Cuentas está el vigilar la recaudación, la custodia, el compromiso y la erogación de los fondos públicos; así como la liquidación de impuestos, tasas, derechos y demás contribuciones, cuando la ley lo determine.
También se encarga de aprobar toda salida de fondos del tesoro público, de acuerdo con el presupuesto; intervenir en todo acto que de manera directa o indirecta afecte al tesoro público o al patrimonio del estado, y refrendar los actos y contratos relativos a la deuda pública.
Ese mismo artículo determina que la CCR vigila e inspecciona las cuentas de los funcionarios y empleados que administren o manejen bienes públicos y conoce de los juicios a que den lugar dichas cuentas.
Además, fiscaliza la gestión económica de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y de las entidades que se costeen con fondos del erario o que reciban subvención o subsidio del mismo.