El Gobierno del Presidente Bukele continúa trabajando para garantizar la seguridad jurídica a las familias salvadoreñas, que durante décadas pidieron que se les respetaran sus derechos ante los abusos cometidos por las lotificadoras, quienes no entregaban sus escrituras de los terrenos pese a que ya habían sido pagados.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, junto con el titular de la Fiscalía General de la República, Rodolfo Delgado, informó que la Corporación Argoz empezará a atender a la población bajo una nueva administración en la casa matriz y la sucursal de San Salvador, agregó que más adelante anunciarán la reapertura de las otras sucursales.
“Se ha determinado que de los lotes el 90 % ya fueron cancelados por las familias salvadoreñas y esto representa un monto de $147 millones que ingresaron Argoz, cuotas que las familias salvadoreñas pagaban mes a mes para cumplir con el pago de su terreno, sin poder tener una escritura que les diera el respaldo de que eran propietarios de ese de ese lote, el 10 % restante aún se encuentra pagando, que son los que van a contar con esta nueva administración”, explicó la ministra.
El mensaje para los salvadoreños que tiene cuenta pendiente de sus lotes es que, a partir de este 8 de julio, ya pueden hacer sus pagos con toda confianza en estas dos sucursales. La funcionaria reiteró que no se cobrarán intereses por los seis meses que se mantuvo cerrado, las cuotas se congelarán y los pagos de diciembre a junio pasan al final de la deuda sin interés adicional.
“Todo esto no hubiese sido posible si en el trabajo conjunto entre fiscales y equipos técnicos del ministerio, quienes junto al interventor ha logrado avances significativos durante estos meses, se ha logrado la entrega progresiva de las escrituras de propiedad a las familias que habían pagado la cuota de sus lotes por años y que no tenían ningún amparo legal como propietario de estos inmuebles”, explicó el fiscal general.
Gracias al trabajo coordinado de las instituciones de la Mesa de Casos Colectivos, integrada por la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Centro Nacional de Registros, la Defensoría del Consumidor y del Ministerio de Vivienda, fue posible recuperar documentos para poder crear el inventario de lotificaciones irregulares y poderle dar solución a estas familias que no habían recibido sus escrituras.