La Asamblea Legislativa aprobó la transferencia de tres terrenos al Fonavipo para que los habitantes de las comunidades Kiwanis, en Soyapango; 1° de Junio, en San Martín, y Nicaragua, en San Salvador, sean beneficiados con la legalización de terrenos.
“Este día, vamos a hacer justicia; vamos a hacer lo que siempre se tuvo que hacer: vamos a legalizar sus terrenos, gracias a la iniciativa del Presidente Nayib Bukele, a su Gobierno y a la gobernabilidad que, hoy por hoy, estamos viviendo”. Así inició el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, la sesión plenaria número 15, en la que fueron aprobados tres dictámenes que permitirán que decenas de familias capitalinas que han esperado décadas para tener casa propia.
Con 60 votos, los diputados autorizaron al Ministerio de Defensa a transferir al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), en concepto de donación, una porción de inmueble que formó parte de la finca Venecia, en el distrito de Soyapango.
En ese lugar, desde septiembre de 2002, se asentó la comunidad Kiwanis conformada por 220 familias de escasos recursos económicos, las cuales perdieron sus hogares durante los terremotos de enero y febrero de 2001.
El legislador Castro y sus colegas Christian Guevara y Diana Fuentes recordaron el respaldo que el doctor Armando Bukele (fallecido en 2015), padre del Presidente República, les brindó a los residentes de la comunidad para que pudieran tener acceso a una vivienda digna.
En su momento, el doctor Bukele financió 125 casas para las familias de esa comunidad y las alentó a luchar hasta que consiguieran legalizar los inmuebles, mencionó el parlamentario Castro, durante la plenaria en la que estuvieron presentes los beneficiados.
“La comunidad Kiwanis ha pasado 22 años hasta llegar a este día, 22 años en los que estoy seguro de que recibieron muchísimos engaños, hubo gente que les dio la espalda, personas que les prometieron y, a la hora de las horas, simplemente ocupaban sus necesidades para chantajearlas. Hoy, se está haciendo historia. Estamos haciendo lo que los políticos, anteriormente, nunca quisieron hacer”, aseveró Castro.
Más de 150 familias tendrán certeza jurídica sobre inmuebles
Decenas de familias de la comunidad 1° de junio, del distrito de San Martín, también podrán legalizar los inmuebles en los que habitan, desde hace varios años. Los legisladores facultaron, con 60 votos, el traspaso al Fonavipo de un terreno situado en Las Joyas de Apazonte, en la finca Gran Bretaña, para ser cedido a los lugareños.
Los diputados también destacaron “el trabajo de territorio” que ha realizado la titular del Ministerio de Vivienda, Michelle Sol, con el fin de cumplir el mandado de la Constitución de la República que establece que el Estado debe procurar que el mayor número de familias sean propietarias de su vivienda.
Los registros de dicho ministerio señalan que, hasta la fecha, se han entregado más de 45 mil escrituras en todo el país y se han recuperado $225 millones de patrimonio a favor de las familias.
Proyecto favorecerá a pobladores en riesgo
Las familias afectadas por desastres naturales, como inundaciones o terremotos; así como a las que viven en situaciones de alto riesgo y vulnerabilidad, riesgo social u otros acaecimientos en perjuicio del derecho a la vivienda se beneficiarán con un decreto aprobado por los parlamentarios.
Con 60 votos, la Asamblea autorizó al Ministerio de Obras Públicas a traspasar un inmueble ubicado en el final de la calle Los Viveros, conocida como Saburo Hirao, en la colonia Nicaragua, del barrio San Jacinto, en distrito de San Salvador.
En ese lugar el Gobierno construye un proyecto habitacional que albergará a 80 familias de las comunidades aledañas, quienes históricamente han sido afectadas por el desbordamiento de ríos o desprendimientos de tierra.
Reformas a ley de regularización de lotes permitirá hacer justicia a víctimas de estafa
En la sesión plenaria también fueron aprobados, con 57 votos, cambios a los artículos 9, 10 y 11 de la Ley Especial para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional.
Lo que se pretende con las modificaciones a la normativa es hacer justicia a las familias estafadas con la venta ilegal de lotes. Para ello, se simplificarán los procesos que les permitan obtener la documentación que certifique que son propietarias de los terrenos que, con esfuerzo, pagaron por años a lotificadoras, sin que estas les entregaran sus escrituras.
Los cambios en el artículo 9 permitirán comprobar la comercialización de los lotes con la presentación que hagan los lotificadores de información verídica, a través de los contratos firmados con las familias.
En la ley actual, se pide que estén inscritos, habitados o construidos, como mínimo, el 25 % de los lotes totales de una lotificación; con la aprobación hecha por los parlamentarios no se exigirá este requisito.
Con la modificación del artículo 10 se ampliará a 24 meses el plazo para que los desarrolladores puedan declarar su lotificación comercializada ante las autoridades y en un máximo de dos años posteriores a ese proceso debería someterse a la regularización de la lotificación, de lo contrario se procedería conforme al régimen sancionatorio contemplado en la ley.
Mientras que con la reforma al artículo 11 ya no se pedirá a los desarrolladores una resolución razonada sobre el trámite, sino una certificación simple.